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La Diputación de Granada y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han firmado un convenio para impulsar el cumplimiento de penas en beneficio de la comunidad, en personas condenadas por delitos contra la seguridad vial y violencia de género.
De hecho, este tipo de conductas han experimentado un aumento “desmesurado” en los últimos cinco años, en los que los juzgados de la provincia han dictado más de 1.900 sentencias que obligan al penado a este tipo de trabajos, el 90 por ciento de ellas por infringir las normas de circulación.
El acuerdo suscrito va dirigido a aquellas personas que cumplen condena en régimen abierto en el Centro de Inserción Social ‘Matilde Cantos’, a las que se le permite compatibilizar su actividad laboral con el trabajo en beneficio de la comunidad en su propio municipio, con una tarea que además se ajusta a su perfil.

Fuente: Ideal

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